Artículo de JUAN TAPIA en "ABC" del 1-9-02

El argumento más sólido a favor de la ilegalización -sobre el que es imposible disentir- es el de la coherencia democrática. ¿Daña gravemente al sistema democrático que un partido utilice las ventajas de la democracia para amparar y publicitar a una banda terrorista (que manda sobre ese grupo) cuya principal actividad es violar el derecho más fundamental, el derecho a la vida?. La respuesta sólo puede ser afirmativa, máxime cuando la democracia española -a diferencia por ejemplo de la americana- da a los partidos políticos un trato de favor respecto a otro tipo de asociaciones.

Por poner dos ejemplos: la financiación pública, con cargo a los presupuestos del Estado, de los partidos y el acceso gratuito en periodo electoral a los medios públicos de comunicación públicos. ¿Es aceptable desde el punto de vista moral, y desde el de la garantía de la paz ciudadana, que un grupo terrorista se beneficie de los impuestos de los ciudadanos para violar el primero de esos derechos, el derecho a la vida?. La respuesta es evidentemente negativa.

Y pese a lo anterior creo que es lícito -y necesario- argumentar que la ilegalización de Batasuna conlleva una serie de peligros que, a corto y largo plazo, puede generar a la convivencia española más inconvenientes que ventajas. En las líneas siguientes intentaré enumerar esos peligros admitiendo que puedo estar equivocado pero convencido de que es esencial manifestar libremente las opiniones ya que sin cuestionamiento de las decisiones, por más respaldo mayoritario que tengan, la democracia se empobrece e incluso desaparece.

1. PELIGRO DE SIMPLIFICACION. La historia reciente nos enseña que el terrorismo de ETA, el desarrollado durante más de treinta años por una banda criminal, que el Estado no ha podido descabezar y que conserva la comprensión, e incluso el amparo, de un sector de la sociedad vasca, es, forzosamente, un fenómeno muy complejo sobre el que no es razonable simplificar. Sostener que el remedio indiscutible para esa enfermedad, que los diferentes gobiernos de la democracia -y de la dictadura anterior- no han podido erradicar, pasa por la ilegalización es una peligrosa simplificación. Es más puede ser una forma de tapar o cubrir errores en la actuación frente a ETA de éste y de los anteriores gobiernos democráticos.

Y promocionar soluciones elementales a problemas complejos equivale a la conducta del avestruz de esconder la cabeza bajo el ala.

2. PELIGRO DE PRIVACIÓN DE EXPRESION POLÍTICA A UNA PARTE DE LA SOCIEDAD VASCA. La ilegalización de HB castiga a los dirigentes de esa organización, que mayoritariamente se ha demostrado que obedecen -por convicción o por temor- a ETA, pero deja también sin expresión política a un porcentaje de vascos (10 por ciento en las últimas autonómicas, 18 por ciento en el momento de máximo apoyo) que pese a todo votan a la coalición abertzale bajo cualquiera de las diferentes siglas que históricamente ha adoptado. Dejar a una fracción de ciudadanos sin expresión política es siempre peligroso y en este caso el peligro aumenta por varios motivos: la mayoría de ese voto no está de acuerdo con la violencia de ETA según el Euskobarómetro; seguramente como consecuencia de lo anterior, el voto batasuno se estaba erosionando fuertemente con lo que puede tener razón Anasagasti cuando dice que la ilegalización saca a Batasuna de «la UVI electoral»; finalmente ese voto, como la energía, no se destruye sino que simplemente se transforma. Y si reapareciera parcialmente en el PNV podría conllevar una radicalización y fortalecimiento de ese partido que es justo lo contrario de lo que pretenden los abogados de la ilegalización.

3. PELIGRO DE CAZA DE BRUJAS. Tal como ha planteado el PP -y los muchos medios de comunicación que le son afines-, la ilegalización de HB parece que quien no esté de acuerdo con la ilegalización es sospechoso no sólo de no colaborar honestamente en la lucha contra el terrorismo sino también de no ser un demócrata consecuente. Las críticas de dirigentes del PP a Pasqual Maragall y a los senadores socialistas «tibios con la ilegalización» y las amenazas a CiU («se tendrán que atener a las consecuencias»), que votó la ilegalización pero que se abstuvo simplemente en que fuera el parlamento y no el fiscal general el que solicitara dicha medida, son una muestra inicial de ese clima de «caza de brujas» que debe preocupar a los demócratas. ¿Es ese ambiente, en el que Maragall y Pujol -que por cierto recibió a Barrionuevo cuando el PP le daba la espalda ostensiblemente- son pintados como «sospechosos» el más idóneo para que la sala especial del Tribunal Supremo decida ecuánimemente y con apariencia de independencia?. ¿Ayuda a ello que algún diario de Madrid, aprovechando ese clima, haya iniciado una campaña exigiendo rapidez (el sentido de la decisión no parece preocuparle) a la sala del Supremo?.

Afortunadamente ese clima de caza de brujas parece haberse rebajado algo tanto por el desarrollo del pleno del día 26, en el que el portavoz socialista tuvo palabras comprensivas para la actitud de CiU e IU, como por la rapidez con la que el Gobierno vasco está aplicando una ley de la que discrepa. Pero la campaña está ahí.

4. PELIGRO DE ESCISIÓN POLÍTICA ENTRE ESPAÑA Y EUSKADI. De todos los peligros señalados hasta ahora, éste es el que me parece más grave. Al promover la ley de partidos y solicitar la ilegalización de HB, las fuerzas políticas mayoritarias españolas han votado una medida que, según todas las encuestas, cuenta con el apoyo de la opinión pública española pero tiene en contra a la mayoría de la opinión pública vasca. Ello puede agravar el peligroso divorcio en la percepción de la realidad que desde hace años se está produciendo entre Euskadi y España y del que no puede salir nada bueno. Por otra parte dudo mucho que la ilegalización de HB (de la que éticamente no se puede discrepar) tenga efectos policiales claros en la lucha contra ETA, pero estoy seguro de que el enfrentamiento entre el Gobierno de Madrid y el de Vitoria, que conllevará inevitablemente una mayor dificultad en la siempre difícil colaboración entre policias diferentes, no será positivo para la lucha contra la banda terrorista y sus encubridores y para la comprensión entre las opiniones públicas respectivas. Hasta hace pocos años el enemigo a batir era ETA y sus colaboradores. Desde la fallida tregua de ETA -y como consecuencia en parte de indudables errores de estrategia y de juicio del nacionalismo vasco- parece que, para una parte sustancial de la cúpula dirigente del PP, el PNV se ha incorporado a la lista de enemigos públicos. Y las consecuencias de todo esto pueden ser muy negativas. La democracia española tiene un enemigo radical que es el terrorismo de ETA y es inevitable que se enfrente también a las coaliciones políticas que le dan apoyo y que pueden representar entre un 10 y un 18 por ciento del electorado vasco. Pero sería aberrante que como consecuencia de una ley de Partidos no consensuada con el PNV (y de errores anteriores de todos -no sólo del PNV- que se remontan a 1998), la democracia española se enfrentara también al 55 por ciento del electorado vasco. Y a un partido, el PNV, que ha sostenido

(Lo siento, pero en la página de "ABC" de internet figura este artículo incompleto, tal como está aquí. L. B.-B.)